Luego que el MINEDUC presentara el protocolo para el rediseño de la reforma a la educación superior, el Consejo de Rectores citó a una sesión extraordinaria para analizar su contenido, en la que no hubo acuerdo sobre los planteamientos del gobierno, por lo que este lunes el comité ejecutivo del CRUCh comenzó a trabajar en propuestas más específicas que aporten a la redacción de indicación sustitutiva que ingresará el Ministerio al Parlamento, y que se presentarán en la sesión mensual del Consejo a realizarse en Magallanes, el próximo 24 de noviembre.
La reforma a la educación superior impulsada por el gobierno ha implicado un desafío mayor para todos sus actores. Si bien sus objetivos, basados en la promoción de la calidad, la inclusión y la descentralización de la educación terciaria, son ampliamente compartidos, el proyecto de ley presentado al Parlamento el 5 de julio pasado no contempla los lineamientos que permitan la concreción de los propósitos declarados en el mensaje de la misma iniciativa como por las autoridades sectoriales, al tiempo que tampoco considera los planteamientos que diversos actores han expresado desde que se anunciará en el programa de gobierno esta nueva política pública.
En casi cuatro meses de tramitación en la Cámara de Diputados, desde distintos sectores se han manifestado fundamentadas observaciones para la reconsideración de múltiples aspectos del proyecto, que contribuyan a avanzar en la reforma que Chile merece y requiere para su proyección como país desarrollado en la sociedad del conocimiento.
Más allá de la discusión pública suscitada en este último tiempo, el Ministerio de Educación reconoció que la iniciativa no cuenta con el apoyo necesario para continuar su curso legislativo, de modo que tras diversos acercamientos con los rectores y demás actores, el pasado 27 de octubre el gobierno expuso sus nuevas propuestas al Consejo de Rectores (CRUCh) en el documento titulado “Protocolo Rediseño Reforma a la Educación Superior”, el cual luego de ser revisado por cada universidad fue analizado por el conjunto de los rectores en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Santiago.
Si bien los rectores de la Red de Universidades Públicas no Estatales – G9 expresaron su optimismo con el documento, ya que evidencia la voluntad del gobierno de reconsiderar aspectos claves, aún hay temas que no han sido suficientemente desarrollados o no se explicitan adecuadamente, tales como el reconocimiento al rol público de las universidades del G9 o el trato equitativo de las instituciones que integran el CRUCh, por lo que manifestaron su compromiso para buscar las mejores soluciones.
Sin embargo, tras la sesión del viernes, el Consejo de Rectores rechazó el protocolo del MINEDUC por considerarlo generalista y evadir temas que se han planteado insistentemente desde esta instancia, como es la promoción de la ciencia y el fortalecimiento de las instituciones regionales, donde es urgente la inyección de nuevos recursos que permitan su adecuado desarrollo.
Aunque la política de gratuidad es considerada como uno de los pilares para fomentar la inclusión, tiene aspectos que deben ser reenfocados, ya que hoy constituyen diferencias significativas entre los planteles que adhieren y los que no, como es la limitación de la expansión de la matrícula en un 2,7% anual en las instituciones que tienen gratuidad, mientras que en las demás existe plena libertad para su ampliación, la cual apoyada con otros instrumentos como el CAE y becas, irá en desmedro de la declarada voluntad de fortalecer el sistema público, congelando el crecimiento éste.
Para avanzar en propuestas que aporten en la redacción de la indicación sustitutiva, con que el gobierno pretende enmendar el diseño de la reforma y propiciar su exitosa tramitación legislativa, los rectores acordaron elaborar propuestas más específicas, las que se comenzaron a trabajar en el comité ejecutivo del CRUCh realizado este lunes, y que serán entregadas a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en la próxima sesión del Consejo a realizarse en la Universidad de Magallanes, el 24 de noviembre.
El G9 ante el protocolo del MINEDUC
Los rectores de la Red G9 consideran que hay temas en los cuales el protocolo del MINEDUC hizo avances, pero hay otros que se deben reconsideran:
- Promoción de la diversidad del sistema. Desde la Red se valora el reconocimiento a la diversidad del Sistema de Educación Superior, en que coexisten distintas instituciones que aportan desde su misión a la formación de técnicos, profesionales e investigadores, contribuyendo en conjunto al desarrollo del país y sus habitantes.
- Reconocimiento del rol público. Si bien es un avance la consideración a la trayectoria del rol público de las instituciones de la Red a través del Consejo de Rectores, ésta debe expresarse de manera explícita en la ley, haciendo mención a la legislación previa y definiendo nítidamente el alcance de dicho reconocimiento a las universidades que conforman hoy la Red G9.
- Trato equitativo a las instituciones públicas. Los planteles públicos no estatales comparten la importancia de que el Estado apoye el desarrollo de sus instituciones; principalmente, liberándolas de trabas burocráticas que permitan su inserción y activa participación en la educación terciaria, acorde al dinamismo que se exige hoy. No obstante, en el fortalecimiento a dicho sector no se puede omitir a las demás instituciones de evidente carácter público que son parte del Consejo de Rectores. Por ello, las nuevas políticas públicas deben preservar el trato equivalente hacia todas las instituciones que lo integran, tal como ha ocurrido en los últimos 60 años y que ha permitido lograr estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Asimismo, consideran que el pluralismo, diversidad, inclusión y la búsqueda del interés superior del país, no constituyen un patrimonio exclusivo de las universidades estatales, pues las instituciones del G9 aportan decididamente en la promoción de dichos valores, tanto para el país como para la misma diversidad del sistema.
- Autonomía y regulaciones. La Red valora la reconsideración del equilibrio entre la autonomía de las instituciones y la regulación de las mismas, pues un exceso de regulación terminaría asfixiando al sistema y socavando valiosas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, está de acuerdo en la adecuada regulación y rendición de cuentas de los recursos públicos, lo cual se enmarca en políticas de transparencia que compartimos plenamente.
- La gratuidad como base para la inclusión. Según el G9, la gratuidad es una política bien orientada, ya que contribuye al acceso e inclusión de estudiantes de orígenes socioeconómicos menos favorecidos, que de otro modo les sería muy difícil acceder a la educación terciaria. No obstante, se considera muy importante fortalecer los fondos de apoyo adicionales para los estudiantes más vulnerables, tales como alimentación, movilización, materiales, etc. los cuales en muchos casos son determinantes para asegurar su permanencia en el sistema. Dado que la inclusión y la calidad son los principios articuladores de la Reforma, para la Red es preciso fijar estándares que entreguen garantías al país y a los mismos estudiantes de su formación. Además, se comparte la relevancia de ampliar esta política a la educación técnico-profesional, donde, dadas sus características, ingresan mayoritariamente los estudiantes más vulnerables.
- Nuevo instrumento de financiamiento de la educación terciaria. De acuerdo a la opinión general de la Red, es de vital importancia que la educación superior recobre su sitial como bien social para el país y sus habitantes, diferenciándolo de un bien de mercado, como se la ha tratado en ciertos casos en el último tiempo. Por ello, se apoya la iniciativa de la eliminación del CAE y la participación de la banca en el financiamiento de los aranceles en la educación terciaria. No obstante, el nuevo instrumento que se establezca debe entregar garantías de sustentabilidad y transparencia, focalizándose efectivamente entre quienes requieran dicho apoyo, al tiempo que debe guardar proporción entre lo que los futuros profesionales podrán pagar y el modo en se gestionará dicho cobro. Además, se recomienda una adecuada articulación con la política de gratuidad, las becas, y los demás instrumentos con los que coexista.
- Fortalecimiento de las universidades regionales. Desde el G9 se comparte el énfasis en descentralización y apoyo a las universidades regionales que la Reforma quiere proyectar como sello de su implementación; no obstante, es preciso considerar las realidades locales detalladamente, a fin de determinar las políticas que se seguirán en cada caso, pues éstas instituciones tienen diverso nivel de desarrollo y el ámbito de su accionar en muchas de ellas excede lo local, contando con un reconocido sitial en el ámbito internacional. Por ello, la reforma debe hacerse cargo de estás particularidades, al mismo tiempo que contempla la multiterritorialidad y multiculturalidad del país. La ley debe explicitar los mecanismos de cómo se llevará a cabo el fortalecimiento de dichos planteles. Los recursos necesarios para el fortalecimiento de las instituciones regionales deben aumentarse sustancial y progresivamente, a fin de que con estos fondos se puedan concretar iniciativas que tengan real impacto en la calidad y el quehacer universitario de dichos planteles y en las comunidades a las cuales sirven.
- Reposición de los aportes basales. Dada la naturaleza del destino que estos fondos tienen en las universidades la Red, su reposición constituye un reconocimiento al positivo impacto que han tenido como política pública, pues con ellos se pueden materializar iniciativas en las áreas de la investigación y del desarrollo institucional, por nombrar algunas, que sin duda fortalecen a los planteles y la calidad del servicio que entregan a sus estudiantes y a la sociedad en general. Sin embargo, para continuar esta senda de desarrollo es necesario que estos fondos se distribuyan de manera equitativa entre todas las instituciones del CRUCh.
- Apoyo a la investigación y creación artística. Ciertamente, la investigación y la creación artística son pilares estructurales del quehacer universitario y de la calidad en la educación que entregan las universidades, de modo que según el G9 su fortalecimiento debe promoverse activamente. Sin embargo, es imprescindible contar con una estrategia más amplia, que no sólo se limite a estos fondos particulares y que permita proyectar el área a un nivel superior de desarrollo, de modo que se convierta en un verdadero motor de progreso y dinamizador cultural para el país.
- Autonomía del nuevo Sistema de Acceso a las IES. Según la Red, se debe establecer nítidamente la autonomía del nuevo Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, a fin de salvaguardarlo de injerencias externas impropias, sean estas gubernamentales o de otro tipo. Del mismo modo, se debe fortalecer su experticia técnica y transparencia operacional.
- Promoción y aseguramiento de la calidad. El G9 valora que en el nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad se contemple la figura del “Plan de Mejora”, como también la inclusión de facultades en el Consejo para difundir buenas prácticas sobre mejoramiento de la Calidad entre las IES, y realizar acciones de divulgación en torno a ellas.
- Fiscalización y sanción del lucro. De acuerdo a la Red, es muy importante que se contemple explicitar las medidas para la regulación sobre prohibición efectiva del lucro y las facultades de la Superintendencia de Educación Superior para fiscalizarlo, a fin de que todas las IES operen en igualdad de condiciones y entreguen garantías de calidad.
- Apoyo a la educación técnico-profesional. Como han expresado en múltiples instancias los rectores de la Red, la educación técnico-profesional tiene un rol central y un potencial de desarrollo muy importante, por ello es crucial fortalecerla. El mundo productivo demanda hoy de una formación cada vez más sofisticada, y el país debe avanzar aceleradamente para cubrir las brechas en esta área, y alinearse con estándares internacionales.
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