Un presupuesto que no ayuda

MÁS ALLÁ del incremento de las becas para los estudiantes, el proyecto de presupuesto de educación superior 2015 producirá un profundo daño al sistema público de educación superior en caso de implementarse. Frente a las expectativas de la sociedad, que esperaba que este año fuera el inicio de una política pública consistente y que avanzara en la imprescindible reforma que el país exige, nos encontramos con una evidente incomprensión y desconocimiento de la naturaleza, historia y necesidades de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch). Lo anterior se vuelve agresivo contra las universidades públicas no estatales (G9) de este consejo, cuya trayectoria de función pública no puede ser invisibilizada.

Este proyecto transforma y reduce, sin criterios técnicos adecuados, la esfera de lo público en la educación superior. Si el financiamiento de las instituciones debe estar definido en función del tamaño, complejidad y contribución pública de las universidades, y no por su naturaleza jurídica, nos enteramos que de ahora en adelante la pertenencia, y no el aporte al Estado, será el primer criterio de asignación de recursos.

En términos reales, y considerando las proyecciones inflacionarias para el presente año, el presupuesto de educación superior 2015 se incrementa en un 13%. Sin embargo, el análisis de las diversas partidas fiscales en que se descomponen estos recursos indica que para la Universidad Austral de Chile y las restante públicas no estatales que integran el Cruch los recursos disponibles disminuirán en porcentajes que varían entre un 36,5% y un 1,5%. Como partidas especiales, se incorporan $ 34.000 millones exclusivamente para las universidades estatales y $ 4.120 millones para la internacionalización de dos de las principales universidades localizadas en la capital. Es decir, discriminación en contra de las instituciones de función y beneficio público y de las instituciones complejas y de calidad de las regiones.

Lo anterior, además de generar graves problemas en la gestión de las universidades, provoca artificialmente un conflicto político y territorial para el país. ¿Es acaso esperable que nuestras comunidades universitarias y sociales, nuestros parlamentarios y autoridades regionales y locales acepten pasivamente esta inaceptable discriminación?

Esta propuesta debilita y no comprende la dimensión territorial del quehacer universitario, pues no asigna recursos adecuados e incluso disminuye el aporte al fortalecimiento de las instituciones regionales y concentra la toma de decisiones a nivel central. Mientras otras reparticiones públicas buscan generar descentralización y mayor capacidad de autogestión regulada por el Estado, en este caso se limitan los fondos de libre disposición y se insiste en el lento y burocrático camino de la gestión de proyectos con permiso metropolitano.

Finalmente, y lo que es aún más serio, no se cumplen compromisos contraídos en años anteriores, lo que dificulta la planificación y el cumplimiento de programas ya establecidos en las universidades. El proyecto de presupuesto en educación superior poco tiene de lo informado por el gobierno en cuanto a fortalecer las instituciones, y su único resultado es la materialización de una artificial división en el Cruch.

PUBLICADA en La Tercera / Miércoles 08 de octubre de 2014
Óscar Galindo, Rector de la Universidad Austral de Chile