Favorecer el acceso equitativo y la permanencia de estudiantes con talento, que no cuenten con los recursos para financiar sus estudios, debe seguir siendo uno de los objetivos del financiamiento público.
El sistema actual de financiamiento estudiantil ofrece becas y créditos que benefician a cerca del 60% de los estudiantes más vulnerables, que cumplan con los requerimientos económicos, exigencias académicas y que estudien en instituciones acreditadas. Debido a que las becas y los créditos cubren hasta el monto establecido en el arancel de referencia actual, estos se deben actualizar y analizar en detalle para que correspondan a la calidad del proyecto educativo entregado a los estudiantes.
Previo a analizar la pertinencia de una gratuidad universal, se debiera avanzar de manera concreta en los beneficios estudiantiles. Para ello se proponen algunas medidas que incluyan a todo el sistema de educación superior; es decir, a la educación universitaria y a la técnico-profesional. Es importante establecer un fondo de becas que cubra el costo de la educación al 70% de los estudiantes más vulnerables; orientar el sistema de créditos hacia la clase media, que hoy no pueden acceder a becas; avanzar hacia un único sistema de créditos, similar al Fondo Solidario; mantener las exigencias de acreditación institucional y en las carreras obligatorias, y redefinición de los aranceles de referencia, para que efectivamente reflejen los costos reales de la docencia, conforme los diversos niveles de calidad y complejidad de las instituciones.
Otras medidas para asegurar la integridad de este apoyo económico a las familias y a los estudiantes incluyen la cobertura del arancel de matrícula anual; garantizar para toda la carrera las becas otorgadas por el Estado, sin necesidad de presentar una reacreditación anual de la situación socioeconómica familiar; ajustar las exigencias y progresión académica para la renovación de las becas, e implementar becas integrales que contemplen las necesidades de apoyo económico de los estudiantes para transporte, alimentación, materiales de estudio y también en algunos casos, alojamiento.
Estas medidas van en la línea de apoyar directa e integralmente a los estudiantes que más lo requieran y presentan un mayor sentido de equidad que las actuales propuestas de implementación de gratuidad universal en la educación superior.
PUBLICADA en El Mercurio / Martes 02 de septiembre de 2014
Ignacio Sánchez D. Presidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
