Conversatorio de la Red G9 presentó reflexiones con actores clave desde el Ministerio de CTCI, el mundo de la academia y el proyecto de escucha ciudadana Tenemos que Hablar de Chile respecto al sistema de educación superior nacional y ciencia en la nueva carta magna.
Continuar aportando a la discusión pública en el contexto del nuevo proceso constitucional. Ese fue el objetivo de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 en el conversatorio “Constitución y miradas sobre el rol público en la educación superior y ciencias” que realizó este miércoles 29 de marzo.
En el Auditorio UdeC Santiago, el diverso panel reflexionó respecto del rol de las universidades en la investigación y la innovación en Chile, la relación entre la provisión mixta en la educación con la calidad y la equidad educativa, la experiencia de participación ciudadana en el proceso anterior, los aprendizajes y resultados y cómo se podría garantizar en la nueva Constitución un sistema universitario equitativo, inclusivo, diverso y con formación y ciencia de excelencia en Chile.
Tras desarrollar puntos de vista sobre el rol público de la educación superior y de las ciencias, los participantes realizaron sus reflexiones.
Respecto al desarrollo científico en nuestro país, la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Aisén Etcheverry afirmó que es de relevancia reconocer el trabajo de los territorios en el nuevo modelo de desarrollo y la generación de conocimiento. “Uno de los pilares que tiene el programa de gobierno, del Presidente Gabriel Boric, es la descentralización. Poder empoderar a las regiones en la determinación de sus devenires. Esto se traduce en que necesitamos profundizar los mecanismos de financiamiento y generar una relación de trabajo con las capacidades regionales aún más profunda y continuar con el trabajo que se comenzó durante el año pasado. Hoy día un nuevo modelo de desarrollo se hace desde el conocimiento de los territorios en su conjunto y ahí nosotros sólo vemos oportunidades y vemos desafíos”.
Consultada por cómo seguir articulando desde la sociedad si no se resolviera a nivel constitucional avanzar en el camino de la educación y ciencia de excelencia, Valentina Rosas, Subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile (TQHDCH) señaló que “las personas tienen necesidades, anhelos educativos sobre el país que quieren, que en parte se expresan en la conversación constitucional, pero también tienen otras dimensiones. Las personas quieren mejorar infraestructuras, los docentes, pero también cómo se consagra esto a nivel de derechos, así que es una conversación que se tiene que abordar desde distintos niveles, para poder hacernos cargo de esos anhelos de la ciudadanía respecto de la educación, que son más amplios y complejos que la discusión constitucional”.
José Joaquín Brunner, ex Ministro Secretario General de Gobierno y académico de la Universidad Diego Portales, hizo énfasis en asumir la responsabilidad pública del conocimiento, más allá del origen de las instituciones, entendiendo que estamos en un sistema mixto: “la universidad lo que hace es razonar públicamente sobre los problemas de la ciencia, los problemas de la sociedad y de la humanidad, y eso es lo más característico de una universidad pública. Estas instituciones efectivamente se abren a las discusiones de todos los temas, aprovechando su libertad académica y la autonomía que la sociedad les consagra. Y en ese acto, además, donde conoce que existe un orden constitucional dentro del cual ella existe y se mueve, que la protege, pero que a la vez la hace responsable con la sociedad y por eso cualquiera universidad auténtica reclama estar produciendo bienes públicos para la sociedad, y, por lo tanto, tener un trato recíproco respecto de estos fueros especiales que constituyen la autonomía institucional y la consagración de la libertad académica”.
El Presidente de la Red G9, Rector Carlos Saavedra (UdeC), se refirió a lo central del documento de aportes al proceso constitucional que se encuentra difundiendo la agrupación. “Lo que se resume en ese documento, es una propuesta de norma acotada con un articulado muy específico, pero fundamentalmente coincidimos en que consagra el derecho a la educación, garantiza la libertad, la autonomía para el desarrollo de los diferentes proyectos, reconoce también la existencia de un sistema de provisión mixta, amplio, con diversidad de proyectos y propende hacia la excelencia, hacia la inclusión, hacia las oportunidades del desarrollo pleno de las personas. Por lo tanto, se plantea que todas las instituciones que son reconocidas por el Estado, tal como sucedió en la reforma constitucional del año 71, tengan las condiciones para el desarrollo pleno de sus actividades. En esa perspectiva, por supuesto que en la diversidad de proyectos, lo que queda allí es completar en un marco regulatorio complementario, cuál es el dominio de lo público que va a permitir ese trato igualitario en el desarrollo de las actividades de cada una de las instituciones”.
Fuente: El Nortero.cl, publicado el 30 de marzo de 2023.
