En la oportunidad, expresó el respaldo de la Red al proyecto de la Subsecretaría, a las medidas sobre participación de las instituciones de educación superior en el proceso y a la idea de discutir un nuevo modelo de financiamiento.
A un paso de su aprobación quedó el proyecto de “ley corta” sobre aranceles regulados, impulsada por la Subsecretaría de Educación Superior, al término de una nueva sesión de audiencias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
La propuesta busca aplazar la entrada en vigencia -prevista para el año académico 2023- de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación establecidos en el Título V de la Ley 21.091 sobre Educación Superior, para el financiamiento institucional de la gratuidad.
La sesión contó con la presencia de la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, y en ella expusieron los presidentes de las Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) y Rector de la UdeC, Carlos Saavedra Rubilar; del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Osvaldo Corrales Jorquera, y de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Cristián Nazer Astorga.
En la oportunidad, el Dr. Saavedra expresó el respaldo del G9 al proyecto de la Subsecretaría, a las medidas que se han adoptado para asegurar la participación de las instituciones de educación superior en la fijación de los aranceles y la transparencia del proceso, y a la idea de avanzar en la discusión de definiciones para un nuevo modelo de financiamiento del sistema.
El Rector recordó que el conglomerado ha establecido cuatro pilares fundamentales para la discusión sobre el financiamiento y que tienen que ver con evitar el detrimento económico de las instituciones adscritas a gratuidad, un modelo integral de aranceles que considere el levantamiento de datos relativos a todas las carreras que van a estar reguladas a partir del cumplimiento de la Ley 21.091, así como que no exista una disociación entre las actividades de formación y el cumplimiento de las otras misiones universitarias.
El cuarto pilar dice relación con aspectos relevantes como infraestructura que, como dijo el Rector, en el esquema previo a los aranceles regulados consideró en mayor medida a las instituciones que arrendaban espacios por sobre las que son titulares de propiedad. En este sentido, destacó lo que ocurre con las universidades reconocidas como patrimonio nacional. “Sabemos que los costos se elevan en forma sustantiva al considerar estos elementos”, señaló.
Asimismo, presentó puntos específicos en relación a los artículos trigésimo quinto y trigésimo octavo transitorios de la Ley 21.091 que, en opinión de las instituciones de la Red, deben ser abordados en la discusión posterior a la aprobación de la ley corta.
“Del trigésimo quinto en particular, nos interesa que efectivamente se ponga en funcionamiento lo que dice la Ley, que indica que el reajuste de los aranceles regulados va a estar asociado al IPC más un 2%”, dijo, señalando que la no aplicación de este cálculo en el gobierno anterior, produjo una caída del 10% en el valor de las carreras.
Por otro lado, indicó que el G9 considera necesario actualizar la base de cálculo de aranceles regulados a valores actuales, ya que los factores que establecidos por la Ley, en el artículo trigésimo octavo corresponden a los vigentes en 2015.
“Estamos a siete años de esta consideraciones y nos parece necesario hacer una revisión de ese articulado que considere elementos al día de hoy mientras entre en vigencia la totalidad de los aranceles regulados”.
El G9 también propone revisar el artículo 108 del Título V que establece los cobros que las instituciones deben hacer a estudiantes con gratuidad que excedan el tiempo de permanencia en sus carreras, por el impacto que estas disposiciones tienen en las universidades que tienen mayor cantidad de alumnos de sectores vulnerables.
“Algunas instituciones de Cruch y del G9 pueden llegar a más de un 70% en los seis primeros deciles, lo cual naturalmente conlleva a una duración más allá del tiempo nominal de las carreras”, indicó.
Finalmente, también respaldó los dichos del presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, en torno a eliminar el principio de financiamiento vía subsidio a la demanda (vía váucher).
«Si bien los costos transaccionales para las universidades del Estado pueden verse incrementados por algunos factores, para el resto se ven incrementados por otros factores complementarios que tienen que ver con el cumplimiento de la ley del trabajo para nuestras instituciones y que generan gastos complementarios bastantes mayores», expresó.
“Entendemos que la revisión del modelo global de financiamiento que ha propuesto el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior nos garantiza que esa revisión integral sobre el modelo de financiamiento y el cambio de perspectiva del váucher hacia un modelo diferente de financiamiento puede entregar mayores facilidades”, agregó.
El proyecto que posterga los nuevos aranceles regulados pasó ahora a la Cámara de Diputados y de ser respaldado se convertirá en ley.
Fuente: Noticias UdeC.
