La actividad está enmarcada en los Foros de Educación Cívica y trató sobre la relación entre los trabajadores y las empresas desde la perspectiva legal y sociológica.
Con una convocatoria que incluyó a profesores, estudiantes y la comunidad, se realizó el foro “Conflicto y empresa: desafíos de una nueva legislación” el lunes 2 de diciembre en el Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso. La actividad formó parte de los Foros de Educación Cívica que realiza la USM y que en esta oportunidad contó con la participación del ex fiscal del Ministerio Público abogado Carlos Gajardo, y Francisca Gutiérrez, Doctora en Sociología.
La jornada estuvo marcada por la discusión de la relación entre trabajadores y empresa. Francisca Gutiérrez analizó el acontecer actual del estallido social e identificó tres tipos de empresas cuyas prácticas éticas pueden ser cuestionadas y que han contribuido al malestar de la sociedad “la primera de ellas son las que infringen sistemáticamente las leyes laborales. Son empresas que asumen las infracciones como parte de su estrategia de negocios. Los trabajadores acá no son agentes de derechos”.
La Doctora en Sociología comentó igualmente que “en el segundo tipo se encuentran aquellas que no necesariamente infringen sistemáticamente las leyes, pero se limitan a ofrecer a los trabajadores lo que estas normas establecen como mínimo. Confunden lo ético con lo legal y se justifican en la idea de que los trabajadores aceptan voluntariamente las condiciones porque hay un contrato entre “supuestas” partes iguales”.
Y el tercer tipo de empresa que identificó la experta son “aquellas que declaran que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores, pero lo hacen a través de una ética paternalista. Se preocupan, pero es el mismo empleador el que define qué es lo que los trabajadores necesitan. Esto supone una infantilización de los trabajadores y termina siendo una relación de amo y sirviente que atenta directamente contra la dignidad de los trabajadores”.
Poca fiscalización
Ambos expertos concuerdan que los delitos denominados de cuello y corbata afectan de manera transversal a la ciudadanía. Carlos Gajardo señaló que en el caso de los delitos de colusión “no se colude el almacenero con su colega de la esquina, se coluden grandes empresas que venden papel higiénico, pollos, farmacias, supermercados, etc. Son estas empresas las que realizan este tipo de conductas. Por ejemplo, los delitos tributarios, no los comete una persona individual que no realiza su declaración de impuestos, los realizan grandes contribuyentes que adoptan ropajes de personas jurídicas. El financiamiento político o los delitos electorales -Penta, Corpesca por nombrar algunos casos- son realizados por grandes empresas”.
Uno de los problemas detectados es la impunidad que han tenido estas conductas. El ex fiscal indicó que “sería deseable que existieran mejores marcos internos dentro de la empresa y, junto con eso, una fuerza externa que inste a cumplir con la normativa legal. Esto tiene que ver con organismos fiscalizadores, y ahí empiezan los problemas, porque servicios como SERNAC poseen pocas facultades ante las grandes empresas, al igual que Impuestos Internos, que no posee herramientas para descubrir estas conductas”.
El abogado señaló además que, la normativa vigente es bastante condescendiente con las grandes empresas, dado que genera demasiados requisitos para que se pueda establecer una responsabilidad legal y que, cuando esta se da, las penas son muy bajas “Durante todos estos años tenemos muy pocos casos de aplicación efectiva. La ley estableció que se sancionaran en hipótesis bastante acotadas, como soborno, financiamiento político y lavado de dinero, dejando afuera, por ejemplo, el tema de colusión, que se encuentra fuera del marco de responsabilidad penal de personas jurídicas. Otro caso son los delitos tributarios, o la estafa, como en el caso de La Polar. Esas conductas quedan fuera de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”.
Sanciones muy bajas
Para Carlos Gajardo las condenas, históricamente, no han sido acordes al delito y que desde que se modificó la ley en el año 2009 “no hay condenas de juicio oral en contra de una empresa que realice este tipo de acción. Hay algunas sanciones en procedimiento abreviados, mucho más benevolentes, pero ninguna que haya dictado la disolución de una persona jurídica. Esto nos muestra que el sistema no ha sido riguroso con sancionar a este tipo de empresas”.
Respecto a la crisis actual, Francisca Gutiérrez indicó que es fundamental modificar el modo en que las empresas se relacionan con sus trabajadores. Para esto “es necesaria una legislación que se oriente hacia el reconocimiento del bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, si se preguntan por qué hay empresas que infringen tanto las leyes, la respuesta es que las penas son muy bajas en relación a las ganancias”.
Para finalizar, la Doctora en Sociología indicó que “no todo pasa por un cambio de norma, también es necesario otro tipo de reformas, que tienen que ver con lo cultural para ver cambios importantes a nivel de la sociedad”.
Fuente: Noticias USM.
