En el marco de la más grave crisis en el país desde el retorno a la democracia, amplios sectores de la sociedad han expresado su malestar, ejerciendo el derecho a manifestarse, legítimo en una democracia en la medida que sea efectuado por medios pacíficos y en el marco de la institucionalidad y la normativa vigentes. Sin duda, este malestar responde a diferentes causas, que es preciso revisar en forma rigurosa, tarea en la que las instituciones universitarias deben realizar un aporte significativo.
Junto con ello, han ocurrido gravísimos hechos de violencia que constituyen un ataque directo a nuestra convivencia en libertad. Rechazamos categórica y enérgicamente todo tipo de violencia, la intolerancia y los hechos delictuales que han ocurrido. Ningún reclamo social, por justo que sea, puede justificar la destrucción de infraestructura pública y privada, los saqueos al comercio y a particulares, y otros desmanes que hemos visto.
Asimismo, se deben asegurar la defensa y respeto de los derechos fundamentales de las personas cuya pérdida y no observancia tienen, como resultado, dramáticos efectos sobre el bienestar de las personas y deteriora gravemente la convivencia nacional. Ningún estado de excepción constitucional justifica la violación de los derechos humanos.
El país requiere generar un diálogo amplio y generoso, que involucre al Gobierno, los distintos actores políticos y la sociedad civil, que permita avanzar en las necesarias reformas sociales, económicas y políticas para perfeccionar la democracia y avanzar en justicia social, inclusión y reducción de las desigualdades.
Se debe dar máxima prioridad y atender cuestiones específicas que permitan mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y abordar los factores que angustian a los sectores medios de la población.
La necesaria búsqueda de equidad y las acciones tendientes a lograr que quienes más sufren puedan alcanzar justicia y un mayor bienestar, conlleva una gran responsabilidad política y deben fundarse en la defensa irrestricta del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Vivimos en un régimen democrático, que tanto costó recuperar. Somos ciudadanos, lo que implica que tenemos derechos, pero también deberes.
El respeto por la diversidad y el pluralismo son valores que nos son propios. Nuestra Universidad está obligada a aportar en esta reflexión desde nuestro quehacer y desde sus saberes, esto es el conocimiento, la búsqueda rigurosa de la verdad y un diálogo fecundo que contribuya al proceso deliberativo que demanda este momento en pos de una sociedad más justa. Para ello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso coloca una vez más sus capacidades a disposición de Chile y su pueblo para contribuir a alcanzar la paz basada en la justicia.
Claudio Elórtegui Raffo
Rector
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Fuente: Noticias PUCV.
