En la semana hemos asistido a nuevas incertidumbres e improvisaciones en la discusión de la glosa presupuestaria de educación superior. En esta oportunidad, el acuerdo de un grupo de parlamentarios de disminuir en 50% el AFI (Aporte Fiscal Indirecto), de manera brusca y sin discusión previa, desencadenó inquietud, desinformación y reiteradas conversaciones entre ministros, senadores y rectores para intentar lograr acuerdos que permitieran resguardar la calidad del sistema universitario.
El AFI es un instrumento establecido en el DFL N° 4 de 1981 para mejorar la calidad de la docencia de pregrado, mediante la promoción de la competencia entre las instituciones por captar a los mejores estudiantes que ingresan al sistema, e incluye a los 27.500 mejores puntajes de la PSU de cada año. En sus inicios, cubría el 40% de la matrícula de alumnos de primer año, lo que actualmente es alrededor del 10%.
Desde hace años se ha buscado actualizar el instrumento e incorporar factores que permitan una mejor definición de un estudiante destacado, que no sea definido solo por su rendimiento en la PSU. Los nuevos aspectos incluyen las notas de educación media, el puntaje ranking, factores de vulnerabilidad y presencia de estudiantes de regiones, entre otros. El CRUCh ha realizado trabajos e informes de comisiones, presentando propuestas al Mineduc para perfeccionar el instrumento. Nada de esto ha sido considerado, y se ha optado por el camino de una disminución arbitraria, mediante la intervención de la glosa presupuestaria. Así, se crea otro precedente que afecta la autonomía del sistema universitario, al intervenir los recursos que se entregan a las instituciones para realizar un proyecto educativo de calidad.
Se ha firmado un acta de acuerdo con el compromiso del Gobierno de restituir estos recursos como aportes basales, los que serían entregados solo a las instituciones del CRUCh. Sin embargo, sin una discusión de fondo, se deja fuera a las universidades privadas que de manera legítima y competitiva obtenían estos recursos, afectando el presupuesto de estas universidades. Una vez más queda de manifiesto lo inapropiado de decidir las políticas públicas relevantes a través de una glosa presupuestaria que reduce la discusión de fondo solo a la mera repartición de recursos. Esto no colabora con una discusión de una política de educación superior de largo plazo, que sea de altura y profundidad en beneficio del país.
PUBLICADA en El Mercurio / Domingo 15 de noviembre de 2015
Ignacio Sánchez D., Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
