EL ASEGURAMIENTO de la Calidad de la Educación Superior (ES) ha permitido el desarrollo de las instituciones a través de una mejor gestión de la información y evaluación de sus actividades. Sin embargo, se han detectado aspectos que necesitan ser resueltos, entre ellos, la disociación entre acreditación institucional y de carreras, el carácter voluntario de la acreditación y su expresión en años de vigencia, conflictos de interés no regulados, falta de ajustes de los estándares a la diversidad de las instituciones de ES y una creciente burocratización de los mecanismos, que pone a la acreditación como un fin último.
Desde la UC se presentan propuestas en cinco líneas de trabajo. En primer término, es preciso perfeccionar la institucionalidad del sistema a través de establecer una nueva Agencia Nacional de Acreditación, elegida por Alta Dirección Pública, encargada de los procesos de acreditación institucional, definición de los estándares de evaluación y supervisión de las agencias privadas. Segundo, establecer un proceso de evaluación basado en estándares y criterios para evaluar ámbitos tales como dotación docente, recursos educacionales, infraestructura, sustentabilidad financiera, indicadores de productividad, entre otros.
Tercero, ajustar los parámetros de acreditación al tipo de institución para evaluarlas desde parámetros acordes a su naturaleza, misión y propósitos institucionales. Se propone la siguiente clasificación: universidades complejas de investigación y docencia, universidades con investigación focalizada, universidades docentes, e institutos profesionales y centros de formación técnica. Cuarto, determinar la obligatoriedad de la acreditación institucional, con áreas evaluadas de acuerdo al tipo de institución y carácter voluntario para la acreditación de las carreras, a excepción de los programas de Pedagogía y Medicina. Se establece como requisito de acreditación de carreras la vigencia de la acreditación institucional.
Quinto, modificar los actuales tramos de los acuerdos de acreditación, para implementar las recomendaciones de mejoramiento y evitar poner escalas entre las instituciones. Se propone modificar el actual sistema de 1 a 7 años, con tramos: acreditada por un período de seis años: se otorga cuando la institución o programa satisface plenamente los criterios de evaluación; acreditada por un período de tres años: cuando la institución satisface los criterios de evaluación, pero debe realizar mejoras sustantivas; no acreditada: cuando no cumple con los criterios de evaluación. Aquí se establecen medidas correctivas y un plazo para su aplicación, con un segundo proceso de acreditación. Durante este período la institución estará en seguimiento, semejante al usado en los Convenios de Desempeño, para conocer los avances y emitir recomendaciones. En caso de no obtener la acreditación en una segunda oportunidad, la institución debiera volver al proceso de licenciamiento en el CNED.
Es crucial articular el sistema de aseguramiento de la calidad y desarrollar el área de apoyo y acompañamiento de las instituciones con el fin de apoyar su progreso. El avance en calidad es el objetivo a lograr con todas estas medidas.
PUBLICADA en La Tercera / Lunes 22 de septiembre de 2014
Ignacio Sánchez D. Presidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
