Una condición básica para alcanzar avances significativos asociados a la reforma educacional es que los recursos adicionales generados por la reforma tributaria sean asignados priorizando la construcción de una sociedad más justa y con menos desigualdad, a través de una educación de calidad para todos. Para ello, toda la evidencia a nivel internacional muestra que la mayor eficacia se logra a través del aumento en los recursos dirigidos hacia la educación preescolar y escolar. En esta perspectiva, es muy alentador el anuncio formulado por las autoridades del Ministerio de Educación, en el sentido de que en torno al 70% del mayor gasto en educación, financiado por la reforma tributaria, se destinará precisamente a fortalecer los niveles preescolar y escolar.
En el ámbito de las políticas públicas relacionadas a educación superior, el Gobierno presentará próximamente un conjunto de proyectos referidos a aspectos centrales para la configuración de un sistema con más equidad y calidad, como procedimientos de acceso, aseguramiento de la calidad, regulación y fiscalización, institucionalidad pública en el sector, y financiamiento.
En lo relativo a financiamiento, se ha anunciado por parte del Gobierno un trato preferente a las universidades estatales. Las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores (CRUCh), agrupadas en el G9, hemos rechazado esta política que asocia lo público con lo estatal. En nuestro país tenemos una larga historia y cultura en educación superior, en el sentido de que no se puede identificar lo público con lo estatal. El sistema de educación superior se desarrolla en Chile a partir de las ocho instituciones originales que le dieron forma, creándose en 1954 el CRUCh, presidido por ley por el ministro de Educación. De esas ocho universidades, solo dos eran estatales, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado.
La propuesta de trato preferente ha tensionado y dividido fuertemente al CRUCh, constituyendo un acto discriminatorio. Durante más de sesenta años, con gobiernos de orientaciones muy diversas, incluso antagónicas, las políticas de educación superior han reconocido el carácter y la vocación pública de las universidades no estatales del CRUCh, no diferenciando de acuerdo a la naturaleza jurídica de las instituciones que lo forman. Los fundamentos para ello siguen tan o más vigentes como a lo largo de las últimas seis décadas, por lo que confiamos en que la política pública mantenga dichas características.
La vocación pública de las universidades no estatales del CRUCh se expresa en la naturaleza de su quehacer, los bienes públicos que generan en investigación, posgrado y vinculación con la sociedad, su compromiso con el desarrollo regional y nacional, la rica diversidad en la composición de sus estudiantes, lo que ha sido posible, entre otros factores, por el enorme aporte de recursos propios que estas instituciones han realizado, por muchos años, para hacer posible el ingreso y permanencia de muchísimos estudiantes vulnerables socialmente, lo cual constituye una evidencia adicional de su carácter público.
En lugar del llamado trato preferente hacia las universidades del Estado, propugnamos un trato justo, que signifique incrementos adicionales en los fondos basales de aquellas universidades públicas, estatales y no estatales, que claramente han resultado castigadas con la distribución de recursos del Estado a través del tiempo, lo cual permitiría el fortalecimiento de las universidades regionales, especialmente de las zonas extremas, contribuyendo, de esta manera, a la descentralización del país.
Las reformas en educación superior deben apuntar también hacia reducciones en la desigualdad, lo cual no pasa por discriminar entre las universidades del CRUCh de acuerdo a su propiedad.
PUBLICADA en El Mercurio / Sábado 30 de agosto de 2014
Claudio Elórtegui R. Vicepresidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
