EL FINANCIAMIENTO público a las instituciones de educación superior debe estar basado en criterios de calidad, evaluando su contribución a la sociedad, conforme la naturaleza y tradición de cada institución, independiente de su propiedad. Así, los fondos se orientan a apoyar la calidad de la docencia, el desarrollo de la investigación de impacto internacional y la generación de bienes públicos al servicio de las comunidades locales.
En la investigación debe contemplarse un componente que garantice un financiamiento de largo plazo, dado los ciclos de temporalidad involucrados en proyectos de alta complejidad y los costos derivados de un equipamiento mayor. En lo referido a los aportes basales entregados vía directa (AFD), sus montos han disminuido debido a que se han reajustado según el IPC, mientras que la matrícula, nuevas exigencias de calidad y aporte a la investigación ha aumentado a tasas mayores a este índice.
Con el objetivo de superar estos problemas, se proponen algunas medidas, que incluyen: a) actualizar el monto actual del AFD, considerando la pérdida de valor de los últimos 15 años; b) asignar un incremento de un 15% del fondo basal al tercio de universidades de función pública que están en el tramo inferior en montos de AFD (la mayoría de regiones); un 10% a las que están en el tramo medio, y un 5% a las universidades del tramo superior. Esta medida agrega equidad, mayores oportunidades al sistema y beneficia de manera significativa a las universidades regionales. Por otra parte, cabe mencionar la necesidad de establecer un fondo para financiar programas y acciones de interés público y social, en especial en regiones, que resulten significativas para las comunidades locales.
Los fondos concursables de investigación deben continuar disponibles para todas las universidades del sistema basados en la calidad de los proyectos, sin hacer diferencias por la propiedad o régimen jurídico de las instituciones. Estos fondos tienen un horizonte de largo plazo y en su asignación participan expertos que aseguran competencia técnica e imparcialidad.
El financiamiento de la investigación requiere actualizar los costos directos de las instituciones a través del incremento de los overheads de los proyectos, incluyendo la distinción de las universidades según su calidad y consideración de la variedad de los costos de equipamiento, dependiendo de las disciplinas. Es vital considerar los costos reales de la investigación, que incluyen las remuneraciones de los investigadores, los costos de los programas de doctorado, la implementación de laboratorio, entre otros.
Las universidades de investigación requieren de un financiamiento del Estado por su aporte al desarrollo del país. Junto con el apoyo decidido a universidades de calidad internacional, es muy importante fortalecer las universidades regionales que realizan investigación aplicada al desarrollo de sus propias comunidades.
El desafío es implementar nuevas vías de financiamiento con sistemas de evaluación rigurosos y estándares internacionales que aseguren el aporte al desarrollo integral del país.
PUBLICADA en La Tercera / Viernes 29 de agosto de 2014
Ignacio Sánchez D. Presidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
