Gobierno universitario

EL GOBIERNO envió al Congreso el proyecto de ley que deroga los artículos del DFL2 que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en las instituciones de educación superior. Este proyecto de ley, junto con favorecer la participación, destaca de manera especial la autonomía de cada universidad para encauzar este trabajo. En una conducción universitaria moderna, es importante destacar la participación estudiantil, así como de toda la comunidad, la que debe estar resguardada, pues contribuye a la mejor formación de los estudiantes e incorpora su opinión al desarrollo de la institución. Es importante que los estudiantes, junto con organizarse en centros de alumnos y federaciones, puedan aportar y participar activa y responsablemente en los comités curriculares y en la docencia de sus carreras, en actividades sociales, pastorales, culturales, científicas y deportivas. La activa participación y aporte en los consejos de escuelas y facultades, como también en las instancias superiores de la universidad, es muy valiosa y puede significar avances para la institución. Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para proponer cambios. Sin embargo, su mirada carece de la valoración de los factores de largo plazo que requiere una institución. La participación debiera privilegiar sus competencias, lo que no impide la expresión de una visión global respecto del rol institucional. Del mismo modo, la participación del personal administrativo y profesionales es de relevancia, mediante instancias específicas y a través de sindicatos organizados, que representan los intereses y preocupaciones del personal. Esta participación no debe confundirse con un cogobierno universitario o una participación “triestamental” en la conducción de las universidades. Considerar la “democratización” de la universidad al someter a votación de los diferentes estamentos los aspectos clave de su desarrollo, como puede ser la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura o inversiones, no ha demostrado ser en la experiencia internacional el mejor camino para lograr una mayor calidad de las instituciones, que signifique un beneficio real para la comunidad universitaria y el país. Así, la incorporación de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus intereses corporativos, lo que conduce a la captura de estos espacios y, por ende, dificulta el desarrollo. El gobierno universitario forma parte esencial de la autonomía universitaria y requiere respetar la misión, identidad y valores de cada institución. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes que defina la propia universidad, colabora a la realización en plenitud del proyecto educativo. Una mejor conducción universitaria, con participación y claridad en la toma de decisiones, facilita avanzar en calidad de nivel internacional, lo que es parte de nuestra misión y contribuye al desarrollo del país y de sus personas. PUBLICADA en La Tercera / Martes 05 de agosto de 2014 Ignacio Sánchez D. Presidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile