Debate sobre educación superior

IMPORTANTES, precisas, aclaratorias y muy necesarias fueron las informaciones que el ministro Nicolás Eyzaguirre entregó a los rectores que integramos el G9, grupo de universidades públicas no estatales adscritas al Consejo de Rectores. Esto nos permite mirar con algún optimismo no sólo la forma en que el gobierno enfrentará el tema del financiamiento de la educación superior de nuestro país, sino también atisbar un mejor futuro para nuestros alumnos, los que conforman casi el 50% de la matrícula total de las universidades del Cruch.

Estos anuncios, que consideramos de la mayor importancia, pueden ser agrupados en tres ideas fundamentales. La primera de ellas es que respecto de la gratuidad, la intención del gobierno es aplicarla a los alumnos de todas las universidades que cumplan con los requisitos de acreditación.

Ello va en directa relación con el segundo anuncio, que si bien pudiere parecer una sutileza en función de lo anterior, no es así, ya que el ministro indicó que el tipo de persona jurídica que sustente a cada universidad no será un factor de diferenciación  en términos de financiamiento  para el caso de las universidades del Cruch.

A ello hay que agregar que el Ejecutivo tiene en sus planes reforzar, por la vía de convenios de desempeño específicos u otros mecanismos similares, a determinados tipos de universidades estatales, como las situadas en regiones extremas, medida que, por cierto, nos parece adecuada y con la cual estamos de acuerdo, pues por experiencia sabemos que en regiones, incluso aquellas situadas en la zona central del país, todo es más complejo que en Santiago.

Asimismo, el secretario de Estado informó que el financiamiento para nuestras actividades de investigación, uno de los puntos más sensibles de las universidades que integramos el G-9, continuará funcionando de un modo objetivo para todos, por cuanto los fondos que el Estado destine seguirán siendo concursables y asignados por mecanismos de evaluación imparciales y basados sólo en el mérito de los proyectos, tal como se ha hecho hasta ahora. Del mismo modo, continuarán siendo evaluados por comités objetivos e independientes, sobre la base de criterios que no se relacionan con la estructura jurídica de las instituciones a las que se encuentran adscritos los investigadores.

Creemos que todo lo anterior son buenas noticias para los estudiantes, académicos y para las comunidades universitarias de nuestras instituciones, y un reconocimiento explícito a la calidad y prestigio que nuestras universidades poseen y a la función pública que cumplen.

Es imposible, por ejemplo, pensar en ciudades como Concepción sin nuestro campus y sus áreas verdes, sin los conciertos abiertos a todo público en nuestro foro, o sin la Pinacoteca. Pero más allá de lo público entendido en términos de cultura, es difícil concebir la historia moderna de Chile desprovista del aporte que a lo público han efectuado y seguirán haciendo nuestras universidades desde todo punto de vista, especialmente en lo que tiene que ver con la valiosa contribución a la discusión de los grandes temas país y también al debate de los asuntos que afectan, por ejemplo, a localidades apartadas, a sectores rurales y a grupos minoritarios.

PUBLICADA en La Tercera / Sábado 19 de abril de 2014

Sergio Alfonso Lavanchy Merino

Rector de la Universidad de Concepción