El 19 de diciembre pasado los rectores de la agrupación, Claudio Elórtegui y Diego Durán, participaron en la sesión en que se analizó la reforma a la educación superior.
Desde hace ya varios meses que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados viene escuchando a diversos actores sobre su parecer respecto del proyecto de ley presentado por el gobierno para realizar la reforma a la educación superior. En este contexto, el presidente del G9 y rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, participó junto al rector de la Universidad Católica del Maule en la sesión del 19 de diciembre pasado.
En la oportunidad, el rector Elórtegui destacó algunos indicadores de la agrupación respecto a la calidad, como es la acreditación, donde promedian 5,6 años; el reconocimiento internacional; el impacto y la productividad en investigación, entre otros. Asimismo, explicó que el 83% de los estudiantes de la Red provienen de colegios municipales o subvencionados y relevó el aporte en inclusión que realizan los planteles del G9, ya sea por medio de políticas públicas como el PACE y la gratuidad, como por medio de iniciativas propias que complementan las primeras, donde subrayó la contribución que ha realizado el conjunto de instituciones que integran la Red en los últimos 10 años. “En dicho período, estas instituciones han dejado de recibir por concepto de aranceles 240 mil millones de pesos, para hacer posible que estos estudiantes, complementando los recursos del Estado, ingresen y permanezcan en las universidades, lo cual demuestra un compromiso con la inclusión que es muy propio de su vocación pública”, precisó el Presidente del G9.
De acuerdo a dichos antecedentes, el Rector señaló que el proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo muestra una falta de reconocimiento hacia el rol público de estas instituciones.
MATERIAS CRÍTICAS DE LA REFORMA
Respecto al protocolo que dio a conocer la Ministra Adriana Delpiano en la sesión anterior, valoró algunos avances en ciertos aspectos, pero aclaró que el documento del Ministerio de Educación es bastante general y que en otros temas los planteamientos siguen siendo insuficientes, los que habrá que evaluar en su mérito cuando se conozcan las indicaciones.
Destacó el reconocimiento al carácter de provisión mixta de la educación superior chilena, al rol del Consejo de Rectores y a las universidades no estatales de dicho Consejo, con lo que se corrige la omisión del proyecto original. Asimismo, dijo que es positivo de que se restablezca el Aporte Fiscal Directo (AFD), pero que es una materia a observar, ya que en el reciente presupuesto de la nación se eliminó el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) sin ser restituido sus recursos. Valoró que se recoja el fortalecimiento de las universidades regionales, pero advirtió que los fondos para ello son insuficientes para cumplir con su rol de desarrollo equilibrado del país.
En cuanto a investigación, remarcó el consenso actual en torno a la baja inversión en dicha área, donde los fondos destinados a ciencia y tecnología no alcanzan al 0,4% del PIB, siendo el más bajo de la OCDE. Por ello, valoró el nuevo fondo que se crea para el desarrollo de la ciencia y la creación artística, pero comentó que también son recursos insuficientes para el propósito que buscan.
Respecto a la educación técnico profesional, estimó un paso positivo los esfuerzos para potenciar esta área, que reúne a gran parte del estudiantado.
Sobre las regulaciones que establece el proyecto, reiteró que desde el G9 se aprecia la consideración de más y buenas regulaciones. “Valoramos que exista un adecuado equilibrio entre la autonomía de las instituciones y sus posibilidades de desarrollo, y las necesidades de regulación y control”, comentó el Presidente de la Red.
En relación al aseguramiento de la calidad, dijo que si bien se modifica la composición del Concejo que se creará, todavía parece que hay una injerencia excesiva de los gobiernos de turno. “También hay que ver cómo se resuelve la acreditación institucional y la acreditación de los programas de pre y posgrado en forma simultánea”, cuestionó.
FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL
La política de gratuidad, que ya se está aplicando, fue otra de las materias que analizó el Rector. En este sentido, comentó que si bien se busca la incorporación de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, hay que abordar como se asegura su permanencia y que terminen sus programas de estudio: “Pensamos que se requieren dos tipos de apoyo adicionales a la gratuidad: becas de mantención y sistematizar el apoyo académico para intentar corregir los déficit en la formación previa, y ahí hay una iniciativa muy bien orientada, que es el PACE; pero tenemos también señales en el sentido contrario, al eliminarse en el presupuesto 2017 las becas de nivelación académica. Entonces, si el esfuerzo en inclusión no va asociado a recursos para apoyar a esos estudiantes, esos esfuerzos pueden ser estériles”.
“Entendemos que en una política de gratuidad tiene que haber regulación de los aranceles, pero es fundamental el cómo se determinan dichos aranceles, porque si no se considera la calidad y diversidad de las instituciones, esta fijación constituye un riesgo real a la sustentabilidad de las universidades y para los niveles de excelencia ya alcanzados, especialmente en las universidades que han logrado mayores niveles de desarrollo”, advirtió.
En relación a las vacantes, dijo que debe existir una distinción sobre la regulación a las instituciones de calidad demostrada y compromiso público acreditado, respecto aquellas que requieren de mayor seguimiento, en cuanto a la definición de los límites de expansión de la matrícula.
Sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), señaló que en el período en que coexistirá la gratuidad con becas y créditos, es muy importante asegurar alternativas de financiamiento para los estudiantes. “En ese sentido, una reforma al CAE, orientada a hacerlo más social sin que esté vinculado a la banca comercial y que sea un crédito contingente al ingreso, nos parece que va en la dirección correcta”, dijo el Presidente de la Red.
FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL
Sobre el apoyo del Estado a las instituciones, el Rector comentó que es indispensable para la generación de los llamados bienes públicos: investigación, doctorados, vinculación con el medio, entre otros. “El proyecto desconoce toda la política pública de Estado, que nuestro país reconoció ya en el año 1927, y cito el decreto con Fuerza de Ley 7.500 que expresó que las universidades del Estado y las particulares reconocidas como cooperadoras de la función educacional, son personas jurídicas de derecho público, y a partir de ahí los gobiernos con tan distinta orientación política, como los que hemos tenido, han mantenido el tratamiento a estas universidades como instituciones de carácter público”. Sin embargo, el actual proyecto no lo considera así, y en ese sentido el Rector dijo que se alegra del anuncio de la Ministra que lo corrige.
“Pensamos que el foco del financiamiento institucional debe ser un fortalecimiento, en general, de las universidades del Consejo de Rectores, y de otras instituciones”, señaló, y destacó el rol que cumplen todas las instituciones que conforman el CRUCh. Además, dijo que desde el G9 se comparte el apoyo a universidades rezagas del Consejo de Rectores, sean estatales o no. Asimismo, remarcó que las universidades complejas del CRUCh, que es donde se desarrolla la investigación, deben ser fortalecidas también, ya que es una necesidad del país.
En cuanto a la conformación del Consejo de Rectores, el Presidente del G9 se mostró partidario de la incorporación de nuevas instituciones, pero que éstas deben cumplir con criterios muy claros respecto a su compromiso público e inclusión, no tener lucro, entre otros aspectos.
En síntesis, el Rector Elórtegui dijo que lo que solicitan las instituciones de la agrupación es que se genere un trato justo y equivalente, sin discriminación en la aplicación de la política pública. “Lo resumiría en lo que expresa la Ley 17.398 del año 1971, que señala, cito: las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica administrativa y económica, corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”, explicó. “Desafortunadamente, en ninguna parte de lo que se hemos escuchado está el fortalecimiento a estas universidades, como sí se ha hablado del fortalecimiento a los planteles del Estado”, concluyó el Rector.
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