CON LA presentación por parte del gobierno del Proyecto de Ley de la Educación Superior, uno de los ejes más importantes del Programa de Gobierno de la Presidenta de la República, ha continuado el debate sobre la Reforma de la Educación Superior.
La percepción de la comunidad universitaria nacional y del país en su conjunto es que en las últimas décadas, los diferentes gobiernos y el Estado no han sido suficientemente receptivos y proactivos para abordar en forma sistémica las falencias y la diversidad de problemas que se han evidenciado en el Sistema de Educación Superior, desde la reforma que se estableciera en el año 1981.
En la actualidad, el sistema de financiamiento a las universidades es inestable, ya que los recursos basales o de libre disponibilidad dependen de la aprobación del Presupuesto Anual de la Nación. Nada asegura los recursos que requieren las universidades de carácter público para garantizar el impacto deseado en la formación de profesionales, en el quehacer científico, en la creación de conocimiento y en el desarrollo de las humanidades y las artes. Por la naturaleza de su quehacer académico, estas universidades requieren de una base de libre disponibilidad para emprender compromisos de alto impacto con retorno social a largo plazo, como son la investigación, desarrollo e innovación, lo que exige una planta académica del más alto nivel, que no puede estar sujeta a la inestabilidad propia de los fondos previstos en la Ley de Presupuesto Fiscal Anual.
El Proyecto de Ley presenta una serie de debilidades, siendo –quizá- el problema más relevante, la falta de certeza que concierne a todos los actores del sistema en uno de sus aspectos más esenciales: el financiamiento.
En relación a lo anterior, el menoscabo hacia las universidades de carácter público no estatales, Red G9, es evidente al eliminarse los fondos basales de libre disposición y remplazárselos paulatinamente por fondos de investigación concursables, lo cual acentúa la inestabilidad financiera de este grupo de universidades.
El fondo basal que se dispondrá para las universidades estatales tampoco dejó satisfechos a los rectores de dichas instituciones, pues hace pocos días escuchamos al ministro de Hacienda explicar algunos aspectos del Proyecto de Ley, ocasión en la cual no sólo precisó que la gratuidad se irá implementando gradualmente, en la medida que existan los incrementos proyectados del Producto Interno Bruto, PIB, sino que además especificó que dicho aporte basal será “discutido y llenado presupuesto a presupuesto”.
Ello significa, entonces, que será fijado cada año en la Ley de Presupuesto de la Nación, seguramente por medio del mecanismo de la glosa y, por ende, su asignación puede quedar al arbitrio de los vaivenes del gobierno y parlamento de turno. Por cierto, a los estudiantes tampoco les ha gustado el Proyecto de Ley, ni mucho menos lo expresado por el ministro de Hacienda al referirse a los años que tomará llegar a la gratuidad total, al aseverar que “es un ejercicio inconducente ponerle tiempo a esto, porque lo que propone el proyecto es poner un gatillo que depende de condiciones”.
Así, podemos constatar que no existen certezas respecto del financiamiento futuro de la Educación Superior y que el Proyecto de Ley no resuelve la inestabilidad permanente que ha existido en los presupuestos de las universidades.
PUBLICADA en La Tercera / Sábado 16 de julio de 2016
Sergio Lavanchy Merino, Rector de la Universidad de Concepción
