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Glosas y políticas públicas

rector Sergio Lavanchy 7FINALMENTE, y luego de un amplio debate legislativo que incluyó algunas modificaciones respecto de la glosa original, fue aprobada por el Senado la partida correspondiente al Presupuesto de Educación Superior para 2016, la que contempla gratuidad en sus estudios superiores para los estudiantes que, de acuerdo a su situación económica, se encuentren situados en los primeros cinco deciles de categorización socioeconómica y que estudien en las Universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas o en alguna otra Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica que cumpla con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.

Un segundo aspecto a destacar es el que dice relación con la disminución del 50% del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el que se reasigna a las universidades del Consejo de Rectores a través de dos mecanismos distintos (Convenios Marco o Convenios por Desempeño, según se trate de universidades estatales o no estatales adscritas al Cruch), mientras que en el caso de universidades privadas no pertenecientes al Cruch, aquellas que cumplan los requisitos para acceder a la gratuidad, recibirán parte de estos recursos a través de fondos destinados al desarrollo de la investigación académica.

Pese a lo anterior, y por una iniciativa de último minuto impulsada por algunos parlamentarios del oficialismo, en la glosa 09 (correspondiente al Ministerio de Educación) se introdujo un programa presupuestario nuevo, denominado “Fortalecimiento de la Educación Superior Pública”, algo que ni siquiera había sido propuesto por el Poder Ejecutivo en los planteamientos iniciales del proyecto de presupuesto para Educación Superior y, respecto del cual, la única conclusión posible es que se trata de una iniciativa que responde a la intención de producir una diferenciación de trato entre las universidades que pertenecen al Estado y las restantes universidades del Consejo de Rectores, todas las cuales son de un carácter indiscutiblemente público, pertenecientes a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Lo anterior resulta inquietante, máxime cuando la propia ministra de Educación ha notificado en días recientes la existencia de un retraso en el despacho de el o los proyectos de ley relativos a la Educación Superior, lo que hace suponer que es muy probable que dicha normativa no estará aún ratificada en el momento en que se discuta la próxima Ley de Presupuesto de la Nación, a fines del año próximo.

Todo lo anterior nos hace mirar con mucha cautela lo que vendrá, dado que resulta evidente que, tal como ya aconteció en la discusión del presupuesto para el 2015 y como acaba de suceder en la relativa al 2016, existe una posibilidad cierta de que se continúe utilizando la Ley de Presupuestos como un instrumento destinado a establecer políticas públicas que tendrán una proyección futura de innegable impacto en el desarrollo del Sistema de Educación Superior.

PUBLICADA en La Tercera / Viernes 27 de noviembre de 2015
Sergio Lavanchy Merino, Presidente G9 y Rector de la Universidad de Concepción

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