LAS ULTIMAS declaraciones del ministro de Educación en torno a la posibilidad de incorporar a la gratuidad a universidades que no son integrantes del Consejo de Rectores, son noticias positivas para el país, especialmente para los jóvenes que estudian en esas instituciones y que provienen de familias de escasos recursos.
En ese sentido, y como lo señaló públicamente el Cruch, luego de conocido el anuncio efectuado el 21 de mayo por la Presidenta de la República, se esperaba que la gratuidad significara “un compromiso irreversible por parte del Estado para que todos quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad puedan acceder a este sistema”. Ahora, con los dichos del ministro, lo anterior parece tomar forma.
Por ello, no cabe duda que la posibilidad de apertura hacia aquellas universidades privadas sin fines de lucro, de comprobada calidad y compromiso público, es un avance significativo en términos de justicia social y de coherencia, por cuanto se trata de una política pública en educación orientada a reducir una inequidad de origen que afecta especialmente a aquellos estudiantes que provienen de los sectores más desposeídos de nuestro país y que han optado por ingresar a alguna de dichas instituciones de educación superior.
No obstante, es necesario entender que aún resta mucho camino y que existe una serie de interrogantes que es necesario despejar a fin de que la glosa que se incluirá este año en la Ley de Presupuesto de la nación para 2016, en la partida de Educación, no deje lugar a equívocos ni a interpretaciones, y sobre todo establezca claramente cuáles serán los parámetros que se exigirán a aquellas universidades que no pertenecen al Cruch, a las que eventualmente se haría extensiva esta medida.
Asimismo, es un tema prioritario a dilucidar antes que dicha ley entre en discusión, la forma en que se fijarán los aranceles de referencia y de qué modo éstos se acercarán (o no) a los aranceles reales, sobre todo si se toma en consideración que a este respecto existen en la actualidad grandes diferencias entre los aranceles de las distintas universidades en las que sus estudiantes se verán beneficiados por la gratuidad; diferencias que inciden en el costo que deberá asumir el Estado y que derivan de las particularidades de cada una de estas instituciones, como por ejemplo, la situación socioeconómica de sus estudiantes, la ubicación geográfica, la calificación de sus cuerpos académicos, la calidad de los servicios que ofrecen, y por cierto, la infraestructura que poseen.
Por lo anterior es imprescindible que se mantengan canales de comunicación entre el gobierno y las autoridades de las instituciones de educación superior a fin de conocer si la fijación de los aranceles de referencia se hará sobre la base de carreras específicas, si se tomará en consideración la condición regional de las universidades, o si se tendrá en cuenta la composición socioeconómica histórica de los estudiantes por universidad, por mencionar sólo algunos elementos que eventualmente podrían ser utilizados.
Sobre dicha base, esperamos que la autoridad dialogue y escuche las inquietudes que existen al respecto, con el objetivo de que esta reforma tan anhelada comience de buen modo y satisfaga las expectativas de los estudiantes, sus familias, las instituciones y el país.
PUBLICADA en La Tercera / Sábado 27 de junio de 2015
Sergio Lavanchy Merino, Presidente G9 y Rector de la Universidad de Concepción
