Financiamiento universitario

EL FINANCIAMIENTO de la educación superior, y en especial el rol decisivo del Estado en esta materia, es un tema sobre el cual la gran mayoría de los chilenos ha escuchado opiniones y planteamientos, y ha seguido con atención el debate público de los últimos meses.

El conocer en estos días el proyecto de ley del Presupuesto de la Nación para 2015, el que discrimina a las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, que siendo de indiscutido carácter y función pública, no son propiedad del Estado, nos produce una gran decepción y preocupación por el futuro de nuestras instituciones.

A este respecto, a nuestra universidad le asiste la plena convicción de que el desarrollo y aumento, tanto de cobertura como de calidad de la educación superior, ha de continuar siendo una de las prioridades esenciales de las políticas públicas, ya que es un elemento básico de competitividad, de desarrollo económico y de progreso social. Necesariamente esto debe ser asumido y atendido por el Estado a través de la asignación de mayores recursos permanentes y garantizados en el tiempo, que tengan una relación con la función pública que cumplen todas las universidades que conforman el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Es importante señalar que por más de 30 años las ocho universidades que existían en 1981 y posteriormente las derivadas de éstas han debido, todas ellas, desarrollar capacidades de autofinanciamiento, produciéndose un desarrollo desequilibrado del sistema universitario, con fondos públicos insuficientes.

La cuestión central es la forma en que el gobierno ha propuesto en el proyecto de ley del Presupuesto 2015, la distribución de los fondos públicos, ya que con ello está señalando un norte para el desarrollo del sistema.

Así, no parece una buena señal para el futuro del sistema universitario que los recursos se asignen basándose en argumentos como la valoración de lo estatal como sinónimo de lo público, no dando cabida a argumentos sobre la actual calidad formativa de las instituciones o su rol social, ni sobre los resultados que ellas han logrado en mérito a su gestión y desempeño.

En este sentido, se ha intentado, de parte de algunos sectores, instalar en la opinión pública la idea de que sólo las universidades pertenecientes al Estado tienen la prerrogativa de entregar educación pública de calidad y sin lucro, excluyendo de esta posibilidad a un grupo de universidades que por años han sido depositarias del reconocimiento estatal por sus aportes al país. Entre ellas se cuenta la Universidad de Concepción, institución de reconocida vocación, servicio público y prestigio a nivel nacional e internacional.

Desde los inicios de la educación universitaria en Chile, a mediados del siglo XIX, el Estado ha financiado a las universidades chilenas sobre la base de valorar y reconocer sus aportes públicos individuales a través de la formación de profesionales, la generación de conocimiento, la construcción y difusión de la cultura y la vinculación con sus comunidades locales. Por esto, no resulta comprensible ni admisible que en esta coyuntura se piense discriminar entre las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores.

PUBLICADA en La Tercera / Domingo 05 de octubre de 2014
Sergio Alfonso Lavanchy, Rector de la Universidad de Concepción