Es interesante conocer otras realidades y la evidencia comparada de países que han avanzado en caminos comunes a los desafíos que se presentan hoy en nuestro país. Es el caso de la educación superior en Canadá. El país posee un número importante de instituciones (cerca de 90 universidades, con solo 15 de ellas definidas de investigación) para una población de 35 millones de habitantes y una gran extensión territorial.
Las universidades de investigación están presentes en todas las provincias y se consideran públicas, a pesar de que algunas no son de propiedad del Estado. Es así como destacan dentro de las mejores del mundo, dos de ellas en la misma ciudad, Montreal.
La universidad de McGill, una institución que nace de una donación filantrópica, constituida como fundación, recibe recursos públicos en base a quienes entran a estudiar ahí y a la investigación de punta que realiza. Sus áreas, de prestigio internacional, van desde las humanidades hasta las ciencias, e incluso tiene una importante Facultad de Estudios Religiosos, financiada con aportes estatales. Por otra parte, en la misma ciudad, la Universidad de Montreal, que nace desde el Estado, y también de gran prestigio, destaca por sus líneas de investigación en análisis de grandes datos, genética y ciencias exactas, entre otros. Los recursos del Estado los recibe en base a sus alumnos y al aporte que realiza en la creación de nuevo conocimiento.
En Canadá no hay discriminación por la propiedad, no se piensa que el patrimonio del pensamiento cultural y científico está en uno o en otro lado del Mont Royale (emblemática montaña de la ciudad de Montreal que separa ambas instituciones). Por el contrario, hay un sentido colegial, de cooperación académica, con una sana competencia que beneficia al bien común. Además, en las regiones más extremas del país existen muy buenas universidades, las que representan un polo de crecimiento para la provincia, con un fuerte compromiso en el desarrollo de la investigación de la problemática y de los recursos naturales de cada lugar.
Poder pensar y desarrollar la educación superior como un bien público al servicio de las personas, más que relacionado a la propiedad de las instituciones, va en beneficio del desarrollo integral de la nación y de su pueblo.
PUBLICADA en El Mercurio / Viernes 27 de junio de 2014
Ignacio Sánchez D. Presidente G9, Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
