«…Las actuales instituciones con reconocimiento estatal deberán adaptarse a estos cambios que van en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo de nuestro país…».
El compromiso público de las universidades no se relaciona con su estructura de propiedad. En nuestro país, la educación pública no estatal a nivel universitario tiene más de un siglo de tradición. Son nueve instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCh), distribuidas a lo largo del territorio nacional, que aportan al desarrollo de la nación. Esta entrega se realiza a través de la formación de personas y de la creación de nuevo conocimiento. Su aporte social se manifiesta en una variedad de bienes públicos que contribuyen al crecimiento del país.
Lo descrito puede no ser una característica exclusiva de las universidades del CRUCh y no debiera ser inalcanzable para las universidades privadas creadas con posterioridad al año 1981. Es importante, entonces, reflexionar sobre cuáles serían los elementos más importantes para el reconocimiento por parte del Estado de una universidad definida de compromiso público.
Los parámetros que hay que considerar deben incluir algunos elementos básicos: el reconocimiento de la educación superior como un proceso de crecimiento de la persona, que es un derecho y que debe estar ajeno a todo lucro o extracción de recursos del proyecto educacional. Junto con esto, la acreditación de la institución debe estar dentro de los criterios actuales más exigentes. En docencia, se deben considerar los proyectos prioritarios y en falencia para el país (en ciencias exactas, artes, humanidades y en la formación de profesores de nivel internacional). Todos los aspectos anteriores deben incluir docencia en pregrado y formación a nivel de doctorado.
Así también, el aporte regional debe tener una importancia especial en esta evaluación: deben ser consideradas las universidades que tienen su Casa Central en regiones, que hayan significado un real aporte hacia sus comunidades y que sus programas de estudio y líneas de investigación estén en clara sintonía con el desarrollo y crecimiento regional.
Los programas de doctorado y conocimientos avanzados tienen una significación crucial en este reconocimiento. Es a través de la enseñanza de los temas en profundidad, con el conocimiento internacional de punta, que formaremos investigadores independientes en las diferentes áreas del saber, lo que nos llevará a un nuevo estado de conocimiento que posibilite lograr la meta de un desarrollo integral de la nación.
La investigación y creación de nuevo conocimiento, actividad que genera bienes públicos para el país, debe ser muy importante al considerar un futuro reconocimiento estatal. Aquella se mide por los proyectos concursados, por las publicaciones indexadas en todas las áreas -teniendo en cuenta su número e impacto-, por el aporte a las comunidades locales y su entrega en artes y humanidades. Así también, la innovación y transferencia de los conocimientos debe ser considerada a través de la creación de patentes y licenciamientos, expresión aplicada de la investigación que se realiza dentro de los planteles de educación superior. Se debe, además, resaltar la importancia de las universidades, en particular de las regionales, en la cultura, la convivencia social y la participación ciudadana.
Los aspectos a evaluar que han sido descritos, cada uno con sus propios indicadores de calidad, permitirán clasificar a las universidades privadas y reconocerlas en la generación de bienes públicos. Al cumplir con los estándares previamente definidos, estas debieran tener reconocimiento estatal y la institución podría así postular a recibir recursos económicos basales, con metas determinadas y evaluación rigurosa de sus resultados. Es preciso estimular este camino y permitir que algunas de las nuevas instituciones se enfoquen hacia el compromiso público.
Con este desarrollo y aporte al país, su incorporación al Consejo de Rectores no debiera ser cuestionado. Así se construye una mejor nación, con el aporte de todos, con un compromiso de servicio público y evaluación de resultados. Las actuales instituciones con reconocimiento estatal deberán adaptarse a estos cambios que van en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo de nuestro país.
Ignacio Sánchez D.
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Presidente de la Red de universidades públicas no estatales, G9.
