foto-columnaLa Presidenta de la República ha anunciado en su reciente mensaje a la nación que el proyecto de ley de reforma a la educación superior se enviará en el próximo mes de junio. Este proyecto ha suscitado gran atención debido a su importancia en el desarrollo de los estudiantes y de la sociedad. Es necesario destacar que el sistema universitario en Chile se ha fundado y desarrollado de manera subsidiaria, desde variadas instituciones, las que han aportado desde su propia identidad.

Las universidades tienen un rol público evidente. Su misión prioritaria es desarrollar el pensamiento y la razón, buscando la verdad a través de nuevos caminos. Hemos insistido en que la función y vocación pública de estas instituciones va más allá de su naturaleza jurídica. Por ello, en los países desarrollados está establecido que lo público incluye lo estatal; sin embargo, lo supera con creces en beneficio de la sociedad. El desarrollo de la educación superior en nuestro país da cuenta de un número de instituciones que, sin pertenecer al Estado, tienen una función y vocación pública demostrada a través de los años, con misión e identidad propia, que aportan a Chile en los diversos aspectos de la sociedad. Estas universidades, que se agrupan en la Red G9, son fiel testimonio de esta condición de universidad pública, con presencia territorial, compromiso social, liderazgo regional y nacional, con un rol indiscutible en nuestro sistema de educación superior.

El reconocimiento de esta realidad requiere de una mirada inclusiva del Estado. ¿Qué significa esto? Implica replicar la mirada y visión de la diversidad e inclusión que desarrollan todas las universidades en su interior al sistema en su globalidad. Veamos con algún detalle esta situación descrita: en nuestras instituciones existen estudiantes con diferentes características personales, culturales, étnicas, raciales, de requerimientos educativos especiales, etcétera. Existe consenso en que la diversidad implica una mejor universidad, ya que las miradas diferentes enriquecen el proyecto educativo. Así, al ampliar la mirada, evitamos lo homogéneo y estrecho, entregando una mayor calidad con equidad.

De la misma manera, el Estado debe tener una propuesta inclusiva en esta reforma a la educación superior. Esta característica debiera reflejarse en una preocupación especial por todas las universidades, en la que el elemento clave debe ser su función pública, su aporte al bien común, la calidad de su proyecto educativo, la equidad y la entrega de oportunidades, el apoyo a las instituciones regionales, y una preocupación especial por la educación técnico-profesional, clave para el desarrollo del país.

Nuestro orden jurídico expresa desde hace casi noventa años lo que se ratifica luego de la creación del CRUCh: que las universidades del Estado y «las particulares, reconocidas como cooperadoras de la función educacional», son personas jurídicas de derecho público. Esto significa que el Estado desde hace décadas ha reconocido a las universidades que son Corporaciones de Derecho Público, es decir, las que tienen una larga historia de compromiso con la sociedad.

En los documentos de la reforma se destaca el rol de las universidades estatales. Es vital que el Estado apoye el desarrollo de sus instituciones; sin embargo, esto no puede ser a expensas de dañar al sistema universitario tradicional, de evidente carácter público. Apoyamos la propuesta de liberar las trabas burocráticas que actualmente tienen las universidades estatales. Proponemos un fuerte apoyo a las universidades regionales, en particular de las de las regiones más extremas del país. El CRUCh debe ser potenciado y actualizado, para estar en línea con el desarrollo del sistema de educación superior. Las universidades deben tener una acreditación obligatoria, lo que requiere de la implementación de estándares mínimos de calidad, que irán en beneficio de los estudiantes y sus familias.

Las universidades avanzan en inclusión e integración de todos sus estudiantes, aportando espacios de docencia, reflexión cultural, investigación científica, creación artística, en un ambiente de libertad académica, orientadas a alcanzar la verdad, el bien y la belleza. De igual forma, la voluntad inclusiva del Estado con las instituciones que cumplen con los criterios de calidad es clave para que se pueda expresar la diversidad de nuestro sistema de educación superior. Esto permitirá que cada universidad aporte desde su propia misión e identidad, lo que va en beneficio del bien común. Proponemos la inclusión como una acción explícita del Estado. Al fin, todos somos parte de esta gran nación.

PUBLICADA en El Mercurio/ Miércoles 25 de mayo de 2016
Ignacio Sánchez D., Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

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